miércoles, 24 de julio de 2013

La Verdad sobre el Tratado Mc Lane-Ocampo



LA VERDAD SOBRE EL TRATADO MC LANE-OCAMPO
Por Arturo Flores Jiménez
Introducción
Es mentira que este tratado, en caso de haberse ratificado por el senado norteamericano, hubiera constituido una traición a México ocasionada por el gobierno de Benito Juárez, como sostiene Vicente Fox y otros  personajes de la derecha, seguramente inspirados  por escritores como Francisco Bulnes y otros que han querido  contrarrestar la enorme traición que ellos sí hicieron, al  haber traído para gobernar a México a un príncipe extranjero como Maximiliano. Se nota que quieren vengarse por el tremendo golpe que les asestó Benito Juárez, con las leyes de Reforma, la separación de la Iglesia y del Estado, y la expulsión de los franceses, golpe del que todavía aspiran a recuperarse. De ahí el odio de Fox contra Juárez que quisiera que México fuera un estado teocrático, como lo demostró, al quitar el retrato (de Juárez) de los Pinos; al recibir como regalo un Cristo de manos de una de sus hijas, cuando asumió la presidencia; y al humillarse en el Vaticano cuando, junto con Martha fueron  a besarle  el anillo al Papa, en Roma, violando flagrantemente la Constitución.
Contexto
En la época que se llevaron a cabo las negociaciones del tratado, México atravesaba por una guerra civil entre los conservadores, monárquicos, apoyados por la Iglesia católica que defendían la intolerancia religiosa y la intervención europea y los republicanos o liberales que aspiraban a un
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estado laico con libertad de cultos.
En  EU había una pugna entre los estados esclavistas, del sur y los antiesclavistas del norte. El presidente era James Buchanan, quien ante la situación de  guerra que vivía México, el 08/12/1858 recomendaba al congreso norteamericano, expedir “una ley que autorice al presidente a emplear la fuerza militar para entrar en México”, “ocupar una extensión suficiente de territorio, a fin de retenerlo en garantía de reparación de las injurias y daños inferidos a los derechos norteamericanos”, establecer “un protectorado sobre Sonora y Chihuahua y situar puestos militares en ambos estados”. Todo esto acorde con la política expansionista y de intervención que siempre han caracterizado a los EU y a unos cuantos años del despojo cometido a nuestra nación en la guerra de 1847.
El tratado:
El tratado Mc Lane-Ocampo firmado el 14 de diciembre de 1859 consistió, fundamentalmente, en ratificar la autorización del gobierno mexicano al de Estados Unidos de otorgar derechos de tránsito, a perpetuidad, de  personas; mercancías; tropas, abastos militares y pertrechos de guerra, en caso necesario; a través del Istmo de Tehuantepec, que ya se había aceptado en el Art. VIII del Tratado de la Mesilla, suscrito por Santana desde el 30/12/1853 (Ver el tratado completo en el Apéndice de este Cuaderno). Además se ampliaba ese derecho a los corredores, de Camargo a Mazatlán y de Nogales a Guaymas; con el objeto de impulsar el comercio entre ambas naciones y dentro del marco de los derechos de servidumbre ampliamente aceptado por el derecho internacional.
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Compárese dicho tratado con el actual Plan Mérida del gobierno de Calderón, mediante el cual se ha permitido  que  agentes de la CIA, la DEA, la ATF y otras dependencias del gobierno norteamericano, transiten libremente por todo el país (no en zonas restringidas como en el tratado)  y además, realicen labores de espionaje, incluyendo intervención de llamadas telefónicas,  correos electrónicos, redes sociales, chateos, etc., y tienen su centro en un gran edificio en el Paseo de la Reforma No. 265, de la Ciudad de México, muy cerca de la embajada de los EU, llamada Oficina Binacional de Seguimiento y nadie dice nada (La Jornada del 14/07/2013)
Además, Benito Juárez no aceptó ceder la Baja California, ni Sonora ni parte de Chihuahua como pretendían los EU, quienes  estaban dispuestos a pagar hasta  25 millones de dólares sólo por la Baja California. Simplemente se aceptaron los compromisos ya establecidos por gobiernos anteriores (ver Antecedentes)  A cambio el gobierno juarista obtendría apenas 4 millones de duros, de los cuales dos, se destinarían a resarcir los daños causados a ciudadanos norteamericanos residentes en nuestro país.
Antecedentes:
1.      El gobierno de Santana mediante decreto del 01/03/1842, otorga al mexicano José de Garay, la primera concesión  para establecer comunicaciones en el Istmo de Tehuantepec. Se establecía que debía abrirse la ruta en ese istmo de uno a otro océano, en una parte por navegación por el río Coatzacoalcos y en otra en ferrocarril, por tierra. Dicha ruta sería accesible
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a todas las naciones con carácter neutral. Se concedían 28 meses para la iniciación de las obras y 50 años para el goce de sus productos, cuyos derechos de tránsito pasarían después al gobierno.  Además se le otorgaba el derecho de expropiar los terrenos que fueran necesarios cediéndosele todos los terrenos baldíos situados a 10 leguas de cada lado del camino. También se otorgaba permiso a todo extranjero para adquirir propiedad raíz y dedicarse a todo género de industria, incluyendo la minería en un territorio situado a 50 leguas a cada lado de la ruta.
2.      El gobierno de Nicolás Bravo, el 09/02/1843, ratifica y amplía dicha concesión.
3.      El gobierno de Valentín Canalizo el 28/12/1843 prorroga la concesión un año más.
4.      El gobierno de José Mariano Salas, el 05/11/1846 prorroga la concesión por dos años más.
5.      A principios de 1847, de Garay transmite sus derechos, con la aprobación del gobierno mexicano, a los ingleses: Manning, Mackintosh y Schneider.
6.      En agosto de 1847, en el proyecto de Tratado de Paz que EU presenta, para poner fin a la guerra de invasión que provoca contra México, exige el derecho de paso por el Istmo de Tehuantepec.
7.      El gobierno de Santana acepta el ominoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, para poner fin a esa Guerra de Intervención estadounidense firmado el 2 de febrero de 1848, y  ratificado el 30 de mayo del mismo año. Por este tratado  México cede más de la mitad de su
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territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además, México renuncia a todo reclamo sobre Texas, estableciendo la frontera internacional en el Río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos se comprometen a pagar 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra, de los cuales, se pagarían sólo 3 millones de inmediato y el resto en pagos anuales con un interés de 6 %. Sobre este episodio la Historia nos demuestra las graves responsabilidades de traición que tuvo Antonio López de Santana.
8.      A fines de 1848 los ingleses traspasan la concesión de De Garay a los norteamericanos P. A. Hargous y Socios.
9.      En abril de 1850 Estados Unidos e Inglaterra celebran el tratado Clayton-Bulwer  por el cual comparten derechos de tránsito por la futura ruta interoceánica.
10.  El gobierno de José Joaquín de Herrera el 22/06/1850 celebra con EU un tratado para protección de la ruta de Tehuantepec.
11.  El gobierno de Mariano Arista, el 24/01/1851, firma otro tratado de protección de la ruta de Tehuantepec,  que fue rechazado por el Congreso mexicano el 07/04/1852.
12.  Por decreto del 22/05/1851 el gobierno mexicano anula la concesión a Garay. Una de las objeciones

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principales que México hizo contra la concesión Garay es que el plazo que se daba para el comienzo de las
obras en que ella se amparaba, había expirado en varias ocasiones.
13.  La declaración de nulidad de la concesión a de Garay, provoca reacciones encontradas en el senado norteamericano. Incluso hay quienes amenazan con la ruptura de relaciones y la intervención armada en contra de México.
14.  Por el decreto del 14/05/1852 el congreso mexicano autoriza al presidente Arista a celebrar contrato para construir una vía de comunicación en el Istmo.
15.  El gobierno interino de Juan Bautista Ceballos, el 05/02/1853  celebra contrato para la construcción de la vía interoceánica con el norteamericano A. G. Sloo, de la “Compañía Mixta para la Apertura del Istmo de Tehuantepec”.
16.  El gobierno del general  Lombardini, el 21/03/1853 celebra tratado con EU estableciendo la obligación de ambos países de proteger a las personas y propiedades que se emplearan en la construcción del camino interoceánico. Es rechazado por EU en virtud de verse afectado en sus intereses.
17.  El gobierno de Santana el 30/12/1853 firma el tratado de la Mesilla, mediante el cual vende a los EU 76,845 km2 al norte de Sonora y Chihuahua en 10 millones de pesos. Además en el Art. VIII de este tratado se autoriza, por primera vez, el tránsito de tropas y municiones por el Istmo de Tehuantepec.
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18.  El gobierno de Ignacio Comonfort el 07/09/1857 otorga concesión para construir la ruta interoceánica a la Compañía de la Louisiana de Tehuantepec.
19.  El gobierno usurpador de Félix Zuloaga informa en mayo de 1858 al embajador norteamericano Forsyth estar dispuesto a vender a EU una parte del territorio nacional.
20.  El gobierno del presidente Juárez por decreto del 28/03/1859 modifica y amplía la concesión otorgada por Comonfort a la Compañía de la Louisiana.
21.  El 26 de septiembre de 1859 se firma el tratado Mon-Almonte por Juan Nepomuceno Almonte, conservador mexicano y Alejandro Mon, representante de la reina Isabel II de España, en México que restablecen las relaciones entre México y España. en su búsqueda de apoyo en su lucha contra los liberales durante la Guerra de Reforma. Entre los principales aspectos del tratado se contempla un préstamo a la facción conservadora, el cual debía ser pagado al triunfo de éstos, pero esta deuda terminó pasando al gobierno liberal el cual fue al final vencedor de la guerra, agregándose a la ya de por sí cuantiosa deuda externa con las naciones europeas.
22.  Así se llega a la firma del tratado Mc Lane-Ocampo el 01/12/1859 cuya discusión en el senado norteamericano se inicia el 28/02/1860.


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La discusión en el senado norteamericano

 El senador Mason presidente de la Comisión de Relaciones Extranjeras presentó dictamen favorable a la ratificación.
El senador Wigfall de Texas fue el primero que se opuso a su ratificación argumentando que había que esperar hasta que en México hubiera un gobierno fuerte.
El senador, Simmons se opuso enérgicamente a su ratificación, pues de aceptarse convertiría a EU de proteccionista a librecambista y vendrían muchas mercancías del extranjero, que arruinarían su industria al no poder competir con las naciones industriales europeas.
El senador Pugh declaró que el tratado era inaceptable pues se requerían mayores beneficios para los EU. Se infiere que era de los que querían un dominio absoluto sobre la vía y no sólo derecho de paso. Además no se obtenía la Baja California,  ni comprada como lo deseaba el gobierno de Buchanan de los EU, a lo cual se opuso firmemente el gobierno juarista, no obstante la difícil situación por la que atravesaba.
No obstante, haberse reformado por la Comisión Dictaminadora del senado, el tratado fue finalmente rechazado el 31/05/1860  por 27 votos contra 18.
Todavía en México, el gobierno juarista, el 25/10/1860 expide decreto para prorrogar el plazo de terminación de las obras.
Y el 28/08/1867, ya restaurada la República por los liberales, el gobierno declara caducada la concesión.
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Conclusiones
1.      El tratado Mc Lane-Ocampo nace con la concesión que el gobierno de Santana otorgó al mexicano José De Garay en 1842 para la construcción de un camino a través  del istmo de Tehuantepec con la finalidad de comunicar los dos océanos.
2.      Los derechos adquiridos por de Garay son traspasados primero a ciudadanos ingleses y después a ciudadanos norteamericanos.
3.      En el transcurso del tiempo, el gobierno de los EU encabeza diversas negociaciones con el gobierno mexicano presionando para obtener una serie de privilegios acorde con su política expansionista, logrando la firma de diversos tratados hasta llegar al de Mc Lane-Ocampo.
4.      El tratado Mc Lane-Ocampo, firmado el 14 de diciembre de 1859 consistió en autorizar a los EU el derecho de tránsito de personas, mercancías, tropas y municiones (ya consideradas en el Tratado de la Mesilla), en caso necesario en el istmo de Tehuantepec y los corredores de Camargo a Mazatlán y de Nogales a Guaymas.
5.      El derecho de tránsito, de paso o de servidumbre forma parte del derecho internacional y no constituye ninguna traición.
6.      Si el tratado no se aprobó por el senado norteamericano, fue porque no incluyó la venta de la

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Baja California, como lo exigían los EU y para no caer en el librecambismo.
7.      Por lo tanto el Sr. Vicente Fox fiel exponente de la derecha obscurantista y reaccionaria trata de descargar su odio contra Juárez, quien tiene a su favor en unión de los liberales de esa época los siguientes logros:
7.1. El Plan de Ayutla de 1854 mediante el cual se logra destituir definitivamente al nefasto Antonio López de Santana.
7.2. La promulgación de la Constitución de 1857 que consolida al estado mexicano.
7.3. La expedición de las Leyes de Reforma.
7.4. La separación entre la Iglesia y el Estado.
7.5. La expulsión de los franceses.
7.6. La aniquilación del Imperio de Maximiliano.
7.7. Lograr la gobernabilidad y estabilidad del país.
7.8. Fortalecer al Estado con las nuevas formas de recaudación de impuestos, que antes controlaba solamente la Iglesia.
8.      ¿Y qué dice Fox de la comisión de conservadores que fueron a Miramar a entregarle México a Maximiliano?
FUENTES
Francisco Bulnes. El verdadero Juárez
Francisco Bulnes. Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma.
Fernando Iglesias Calderón. Las supuestas traiciones de Juárez.
Agustín Cue Cánovas. El Tratado Mc Lane-Ocampo
Memorandum interno para el Secretario de Estado sobre el tránsito en Tehuantepec.

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APÉNDICE I
El Tratado Mc. Lane-Ocampo.     

     Diciembre 14, 1859


Artículo 1o. Por vía de ampliación del artículo 8o. del tratado de 30 de Diciembre de 1853, cede la República Mexicana a los Estados Unidos y sus conciudadanos y bienes, en perpetuidad, el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar, por cualquier camino que actualmente exista o que existiese en lo sucesivo, sirviéndose de él ambas repúblicas y sus ciudadanos.

Artículo 2o. Convienen ambas repúblicas en proteger todas las rutas existentes hoy o que existieren en lo sucesivo al través de dicho istmo, y en garantizar la neutralidad del mismo.

Artículo 3o. Al usarse por primera vez bona fide, cualquiera ruta al través de dicho istmo, para transitar por ella, establecerá la República Mexicana dos puertos de depósito, uno al Este y otro al Oeste del istmo. El gobierno de México no impondrá derechos a los efectos o mercancías que pasen bona fide por dicho istmo, y que no estén destinados al consumo de la República Mexicana.

No se impondrán a los extranjeros y sus propiedades que pasen por ese camino contribuciones ni derechos mayores que los que se impongan a las personas y los bienes de los mexicanos. La República de México continuará permitiendo el tránsito libre y desembarazado de las malas de los Estados Unidos, con tal que pasen en balijas cerradas y que no hayan de distribuirse en el camino. En ningún caso podrán ser aplicables a dichas malas ninguna de las cargas impuestas o que en lo sucesivo se impusieren.

Artículo 4o. Conviene la República Mexicana en establecer por cada uno de los puertos de depósito, uno al Este y otro al Oeste del istmo, reglamentos que permitan que los efectos y mercancías pertenecientes a los ciudadanos y súbditos de los Estados Unidos o de cualquiera país extranjero, se depositen en almacenes que al efecto
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se construirán, libres de derecho de tonelaje y de toda otra clase, excepto los gastos necesarios de corretaje y almacenaje, cuyos efectos y mercancías podrán ser retirados subsecuentemente para transitar al través de dicho istmo y para ser embarcados en cualquiera de dichos puertos de depósito para cualquiera puerto extranjero, libres de todo derecho de tonelaje y otras clases; y se les podrá sacar también de dichos almacenes para la venta y el consumo dentro del territorio de la República Mexicana, mediante el pago de los derechos hoy puestos o que dicho gobierno mexicano tuviese a bien cobrar.

Artículo 5o. Conviene la República Mexicana en que si en algún tiempo se hiciese necesario emplear fuerzas militares para la seguridad y protección de las personas y los bienes que pasen por alguna de las precitadas rutas, empleará la  fuerza necesaria al efecto; pero si por cualquiera causa dejase de hacerlo, el gobierno de los Estados Unidos, con el consentimiento, o a petición del gobierno de México, o de su ministro en Washington, o de las competentes y legales autoridades locales, civiles o militares, podrá emplear tal fuerza con este y no con otro objeto; y cuando, en la opinión del gobierno de México, cese la necesidad, inmediatamente se retirará dicha fuerza.

Sin embargo, en el caso excepcional de peligro imprevisto o inminente para la vida o las propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de ciudadanos de los Estados Unidos, quedan autorizadas las fuerzas de dicha República para obrar en protección de aquéllos, sin haber obtenido previo consentimiento, y se retirarán dichas fuerzas cuando cese la necesidad de emplearlas.

Artículo 6o. La República de México concede a los Estados Unidos el simple tránsito de sus tropas, abastos militares y pertrechos de guerra por el istmo de Tehuantepec, y por el tránsito o ruta de comunicación a que alude en este convenio desde la ciudad de Guaymas, en el golfo de California, hasta el rancho de Nogales, o algún otro punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos cerca del 111º grado Oeste de longitud de Greenwich, dándose inmediato aviso de ello a las autoridades locales de la
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República de México.

Y asimismo convienen las dos repúblicas en que se estipulará expresamente con las compañías o empresas a quienes se conceda en lo sucesivo el acarreo o transporte, por cualesquiera ferrocarril u otras vías de comunicación en los precitados tránsitos, que el precio de transporte de las tropas, efectos militares y pertrechos de guerra de las dos repúblicas, será a lo sumo la mitad del precio ordinario que paguen los pasajeros o las mercancías que pasen por dichos caminos de tránsito; quedando entendido que si los concesionarios de privilegios concedidos ya, o que en los sucesivo se concedieren sobre ferrocarriles u otras vías de comunicación por dichos tránsitos, rehusaren recibir por la mitad del precio de transporte las tropas, armas, abastos militares y municiones de los Estados Unidos, el gobierno de éstos no les dispensará la protección de que hablan los artículos 2o. y 5o., ni ninguna otra protección.

Artículo 7o. La República Mexicana cede por el presente a los Estados Unidos, a perpetuidad, y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de vía o tránsito al través del territorio de la República de México, desde las ciudades de Camargo y Matamoros, o cualquiera punto conveniente del Río Grande, en el Estado de Tamaulipas, por la vía de Monterrey, hasta el puerto de Mazatlán, a la entrada del golfo de California, en el Estado de Sinaloa; y desde el rancho de Nogales o cualquier punto conveniente de la línea fronteriza entre la República de México y los Estados Unidos cerca del 111º grado de longitud Oeste de Greenwich, por la vía de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad de Guaymas en el golfo de California, en el Estado de Sonora, por cualquier ferrocarril o ruta de comunicación, natural o artificial, que exista actualmente o existiere o fuere construido en lo sucesivo, del cual usarán y se servirán en la misma manera y con iguales condiciones ambas repúblicas y sus respectivos ciudadanos, reservándose siempre para si la República Mexicana el derecho de soberanía que al presente tiene sobre todos los tránsitos mencionados en este tratado.

Todas las estipulaciones y reglamentos de todas clases aplicables al
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derecho de vía o tránsito al través del istmo de Tehuantepec y en que han convenido ambas repúblicas, se hacen por el presente extensivos y aplicables a los precitados tránsitos o derechos de vía, exceptuando el derecho de pasar tropas, provisiones o pertrechos de guerra desde el Río Grande hasta el golfo de California.

Artículo 8o. Convienen asimismo las dos repúblicas en que, de la adjunta lista de mercancías, elija el Congreso de los Estados Unidos las que, siendo producciones naturales, industriales o fabricadas de una de las dos repúblicas, puedan admitirse para la venta y el consumo en uno de los dos países, bajo condiciones de perfecta reciprocidad, bien se las reciba libres de derecho, bien con el derecho que fije el Congreso de los Estados Unidos; proponiéndose la República Mexicana admitir los artículos de que se trata a más módico tipo de derecho y hasta completamente exentos del mismo, si el Congreso de los Estados Unidos conviene en ello.

Su introducción de una a otra de las dos repúblicas tendrá efecto por los puntos que los gobiernos de ambas designen, en los límites o fronteras de las mismas, cedidos y concedidos para los tránsitos y a perpetuidad, por este convenio, al través del istmo de Tehuantepec o desde el golfo de California hasta la frontera interior entre México y los Estados Unidos.

Si México concediere privilegios semejantes a cualquiera otra  nación en los extremos de los precitados tránsitos sobre los golfos de México y California y sobre el mar Pacífico, lo hará teniendo en cuenta las mismas condiciones y estipulaciones de reciprocidad que se imponen a los Estados Unidos por los términos de este convenio.

LISTA DE MERCANCÍAS, ADJUNTA AL ARTÍCULO 8o.

Animales de todas clases.-Arados y barrotes de hierro, sueltos.-Arroz.-Cacería y huevos frescos.-Azogue.-Carbón de piedra.-Carnes frescas, saladas y ahumadas.-Casas de madera y de hierro.Cueros al pelo.-Cuernos.-Chile o pimiento colorado.-Dibujos y modelos de máquinas grandes, edificios, monumentos y botes.-Botes de todas clases y
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tamaños para la navegación de los ríos de la frontera.-Escobas y materiales para hacerlas.-Bocados para caballos (Brille Bits).-

Frutas frescas, secas y azucaradas.-Tipos, espacios, planchas para imprimir o grabar, reglas, viñetas y tinta de imprimir.-Libros impresos de todas clases a la rústica.-Arcos.-Madera en bruto y leña.-Manteca y queso.-Mapas geográficos y náuticos y planos topográficos.- mármol, en bruto y labrado.-Máquinas e instrumentos de agricultura, y para el laboreo de minas, y para el desarrollo de artes y las ciencias, con todas sus piezas sueltas o para ser compuestas.-

Palos de tinte.-Pescado, alquitrán, trementina y ceniza.-Plantas, árboles y arbustos.-Pizarras para techos.-Sal común.-Sillas de montar.-Sombreros de palma.-Estuco (gypsum) —Vegetales- Pieles de carnero.-Toda clase de granos para hacer pan.-Harina.-Lana.-Tocino.-Sebo.-Cuero y efectos de cuero. Toda clase de tejidos de algodón, excepto la llamada manta trigueña.

Artículo 9o. En aplicación de los artículos 14 y 15 del tratado de 5 de Abril de 1831, en el cual se estipuló lo relativo al ejercicio de su religión para los ciudadanos de México, se permitirá a los ciudadanos de los Estados Unidos el ejercer libremente su religión en México, en público o en privado, en sus casas o en las iglesias y sitios (places) que se destinen al culto, como consecuencia de la perfecta igualdad y reciprocidad que, según dice el segundo artículo de dicho tratado, sirvió de base al mismo.

Podrán comprarse las capillas o sitios para el culto público, serán consideradas como propiedad de los que las compren, como se compra y se conserva cualquiera otra propiedad, exceptuando de ello, sin embargo, a las comunidades y corporaciones religiosas, a las cuales las actuales leyes de México han prohibido para siempre el obtener y conservar toda clase de propiedades. En ningún caso estarán sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, residente en México, al pago de empréstitos forzosos.

Artículo 10. En consideración a las precedentes estipulaciones y por
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vía de compensación a las rentas a que renuncia México permitiendo el transporte de mercancías libre de derecho por el territorio de la República, conviene el gobierno de los Estados Unidos en pagar al gobierno de México la suma de 4,000,000 de duros, dos de los cuales se pagarán inmediatamente después de canjeadas las ratificaciones de este tratado, y los otros dos millones quedarán en poder del gobierno de los Estados Unidos, para pagar las reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos  contra el gobierno de la República Mexicana, por daños y perjuicios sufridos ya, después de probada la justicia de esas reclamaciones según la ley y el uso de las naciones y los principios de equidad, y se pagarán las mismas á prorrata, hasta donde o permita la citada suma de dos millones, en cumplimiento de una ley que expedirá el Congreso de los Estados Unidos, para la  adjudicación de la misma, y lo restante de esta suma se devolverá a México por los Estados Unidos, en caso de que sobrase algo después del pago de las reclamaciones reconocidas como justas.

Artículo 11. Este tratado será ratificado por el presidente de los Estados Unidos, con el consentimiento y consejo del Senado de los Estados Unidos, y por el presidente de México, en virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de seis meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuese posible, o en el asiento del gobierno constitucional, si el presidente y el Senado de los Estados Unidos hicieren algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas por el presidente de la República de México.

ARTÍCULOS CONVENCIONALES

Por cuanto, a causa de la actual guerra civil de México, y particularmente en consideración al estado de desorden en que se halla la frontera interior de México y los Estados Unidos, pueden presentarse ocasiones en que sea necesario para las fuerzas de las dos repúblicas obrar de concierto y en cooperación para hacer cumplir estipulaciones de tratados y conservar el orden y la seguridad en el territorio de una de las dos repúblicas; por tanto se ha celebrado
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el siguiente convenio:

Articulo primero. Si se violaren algunas de las estipulaciones de los tratados existentes entre México y los Estados Unidos, o si peligrara la seguridad de los ciudadanos de una de las dos repúblicas dentro del territorio de la otra y el gobierno legítimo y reconocido de aquélla no pudiere, por cualquier motivo, hacer cumplir dichas estipulaciones o proveer a esa seguridad, será obligatorio para ese gobierno el recurrir al otro para que le ayude a hacer ejecutar lo pactado y a conservar el orden y la seguridad en el territorio de la dicha república donde ocurra tal desorden- y discordia, y en semejantes casos especiales pagará los gastos la nación dentro de cuyo territorio se haga necesaria tal intervención; y si ocurriere algún desorden en la frontera de las dos repúblicas, las autoridades de ambas más inmediatas al punto donde existe el desorden obrarán de concierto y en cooperación para arrestar y castigar a los criminales que hayan perturbado el orden público y la seguridad de una de las dos repúblicas, y con este objeto podrá arrestarse a los culpables en cualquiera de las dos repúblicas y entregárselos a las autoridades de la república en cuyo territorio se haya cometido el crimen: la naturaleza y carácter de esa intervención, lo relativo a los gastos que ocasione y a la manera de arrestar y castigar a dichos criminales, serán determinados y reglamentados por un convenio entre el departamento ejecutivo de los dos gobiernos.

Artículo 2o. Este convenio será ratificado por el presidente de los Estados Unidos y por el presidente de México, en  virtud de sus facultades extraordinarias y ejecutivas, y las respectivas ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de Washington, dentro del preciso término de seis meses, a contar desde la fecha de su firma, o antes si fuere posible, o en el asiento del gobierno constitucional, si el presidente y el Senado de los Estados Unidos hicieren algunas alteraciones o enmiendas que fuesen aceptadas por el presidente de la República de México.

APÉNDICE II
Artículo VIII del Tratado de la Mesilla
 del 30/12/1853
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Artículo VIII.- Habiendo autorizado el gobierno mexicano, en 5 de febrero de 1853, la pronta construcción de un camino de madera y de un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, para asegurar de una manera estable los beneficios de dicha vía de comunicación a las personas y mercancías de los ciudadanos de México y de Estados Unidos, se estipula que ninguno de los dos gobiernos pondrá obstáculo alguno al tránsito de personas y mercancías de ambas naciones y que, en ningún tiempo, se impondrán cargas por el tránsito de personas y propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos, mayores que las que se impongan a las personas y propiedades de otras naciones extranjeras, ni ningún interés en dicha vía de comunicación o en sus productos se transferirán a un gobierno extranjero.
Estados Unidos tendrá derecho de transportar, por el Istmo, por medio de sus agentes y en valijas cerradas, las malas de los Estados Unidos que no han de distribuirse en la extensión de la línea de comunicación y también los efectos del gobierno de Estados Unidos y sus ciudadanos, que sólo vayan de tránsito y no para distribuirse en el Istmo, estarán libres de los derechos de aduana u otros impuestos por el gobierno mexicano.
No se exigirá a las personas que atraviesen el Istmo y no permanezcan en el país, pasaportes ni cartas de seguridad.
Cuando se concluya la construcción del ferrocarril, el gobierno mexicano conviene en abrir un puerto de entrada, además del de Veracruz, en donde termine dicho ferrocarril en el Golfo de México o cerca de ese punto.
Los dos gobiernos celebrarán un arreglo para el pronto tránsito de tropas y municiones de Estados Unidos, que este gobierno tenga ocasión de enviar de una parte de su territorio a otra, situadas en lados opuestos del continente.
Habiendo convenido el gobierno mexicano en proteger con todo su poder la construcción, conservación y seguridad de la obra, Estados Unidos de su parte podrá impartirle su protección, siempre que fuere apoyado y arreglado al derecho de gentes.

sábado, 13 de abril de 2013

La Reforma Educativa de Peña Nieto



La Reforma Educativa de Peña Nieto
Por Arturo Flores Jiménez
Introducción
No es verdad que la reforma de los artículos constitucionales 3º. y 73   publicada  el 26/02/2013 en el Diario Oficial, sea para mejorar la calidad de la educación. Es una más de las múltiples reformas  que se han hecho para apuntalar las políticas neoliberales implementadas en nuestro país, desde 1982, por los presidentes prianistas: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Peña Nieto, al parecer a las órdenes directas de Carlos Salinas de Gortari, principal inspirador y ejecutor del Neoliberalismo en México, como lo prueba el Pacto por México,  nueva versión de los pactos iniciados por CSG en la década de los 80, Mediante estos pactos se iniciaron los incrementos mensuales a los precios del gas, energía eléctrica y combustibles, mientras a los salarios se les mantenía prácticamente congelados, situación que supuestamente iba a ser temporal mientras se resolvía la crisis económica. Pero como la crisis ha sido permanente, precisamente por las reformas estructurales que a cada rato se le ocurren al sistema gobernante, ahora se resucita el Pacto.
Evaluación del desempeño de los gobiernos neoliberales:
El pueblo no necesita ningún Instituto Nacional de Evaluación para calificar el desempeño de los gobiernos neoliberales, que  ha resultado desastroso para la inmensa mayoría de los mexicanos, aunque altamente  benéfico para una minoría, que incluye a un puñado de privilegiados que se han enriquecido inmensamente al adueñarse del poder.
Entre las principales políticas neoliberales que han implementado esos gobiernos  se cuentan:
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1.      Desmantelamiento de la planta productiva del país, tanto industrial como agrícola mediante,  fusión, supresión o venta a precios de remate de la mayoría de las empresas estatales y destrucción de los ejidos, favoreciendo y enriqueciendo a un pequeño grupo de amigos de los gobernantes.
2.      Apertura de las fronteras comerciales mediante el TLCAN que  ha traído más beneficios a los EU y Canadá que a México, afectando la soberanía alimentaria.
3.      No obstante que la filosofía del neoliberalismo es que todo los problemas se resuelvan por la libre competencia del mercado, en materia de salarios usan toda la fuerza del Estado para reprimirlos, estableciendo  topes a los incrementos salariales anuales inferiores a la inflación, disminuyendo su poder adquisitivo, con el pretexto de atraer empresas extranjeras que inviertan en México y sean las creadoras de empleos. En los 30 años de neoliberalismo los salarios han perdido 80 % de su poder adquisitivo, siendo una de las  principales causas del incremento de la pobreza y demás problemas inherentes.
4.      Represión de sindicatos democráticos y despidos masivos de trabajadores.
5.      Rescate mediante el FOBAPROA de los banqueros mexicanos que al quebrar los bancos recién comprados, lograron que el gobierno convirtiera su  deuda privada en pública, con un  costo para el erario de más de un billón de pesos.
6.      Despilfarro del erario. Enorme gasto corriente. Altos sueldos a funcionarios públicos, sobre todo en los organismos autónomos.

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7.      Enormes privilegios a banqueros y grandes empresarios a los que cada año se les devuelven impuestos.
8.      Reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE afectando a los derechohabientes al disminuir las prestaciones.
9.      Entrega de nuestros recursos energéticos y mineros a extranjeros.
10.  Altos impuestos a las clases medias y bajas: IVA, IETU, IDE, etc.
11.  Incremento mensual a los precios de energéticos y combustibles.
12.  Violación de derechos humanos.
13.  Control de las cúpulas de los partidos políticos y fraudes electorales para perpetuarse en el poder con el auxilio de los poderes fácticos.
 Los resultados están a la vista y los sufrimos la inmensa mayoría de los mexicanos todos los días.
1.      Concentración de la riqueza en unos cuantos. Alrededor de 200,000 personas que cotizan en la Bolsa de Valores concentran el 45 % del PIB; 28 de ellos rebasan los 700 millones de dólares, cada uno; y, 15  aparecen en la revista Forbes por tener más de 1000 millones de dólares cada uno. Estos 15 super-ricos poseen en conjunto 147,200 millones de dólares, que al tipo de cambio de $ 12.50 por dólar, equivalen a $ 1,840,000,000,000 (un billón ochocientos cuarenta mil millones de pesos, más del 12 % del PIB) (La Jornada, 05/03/2013).  Caso especial es el de Carlos Slim, quien habiendo comprado TelMex a precio de ganga, ahora tiene más de 73,000 millones de dólares; y por 4º año consecutivo se ha convertido en el más rico del mundo (La Jornada, 05/03/2013).
2.      En contraste, para la mayoría de la población: bajos salarios, pobreza, desempleo, emigración, comercio
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informal, inseguridad, narcotráfico, delincuencia y miles de ejecutados por la torpeza del gobierno al militarizar el país, en lugar de combatir las causas del desastre económico.
3.      Casi nulo crecimiento económico en los 30 años de neoliberalismo, de sólo 2.5 % en promedio anual, contra más del 6 % en  años anteriores. En el sexenio de Calderón el crecimiento anual promedio del PIB fue de sólo 1.9 % anual, anulado por la tasa de crecimiento de la población que también es de 1.9 % anual.
Con estos resultados el gobierno federal está más que evaluado, resultando totalmente  reprobado. Por lo tanto, carece de capacidad y autoridad moral para evaluar la educación.
Antecedentes de la reforma educativa.
En el diario La Jornada del 5 de marzo de 2000, Alfredo Valadez Rodríguez  reseñó la conferencia del Dr. Pablo González Casanova sobre “Universidad pública y Neoliberalismo” que dictó en la Universidad de Zacatecas. En ella informa que “en 1990 Manuel Bartlett Díaz, como Secretario de Educación, contrató a un despacho de investigadores estadounidenses para que realizaran una evaluación de las escuelas públicas superiores del país”, los  cuales después de hacer el estudio sugirieron al gobierno mexicano:
1.      Disminuir la matrícula en las escuelas públicas de nivel superior.
2.      Reducirles el subsidio.
3.      Debilitar a los sindicatos de maestros y trabajadores; y
4.      Crear un instrumento de evaluación gubernamental a las instituciones de educación superior, para “que todo

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conocimiento disfuncional al sistema dominante (neoliberalismo) sea suprimido”.
Todo lo cual coincide con las políticas que en materia educativa se han venido implementando desde entonces, no sólo para la educación superior sino también de manera criminal para la básica, como se ve a continuación.
1.      Respecto a la matrícula:
Examinando las estadísticas educativas de la propia Secretaría de Educación se aprecia la forma en que se ha rezagado el servicio educativo en el nivel básico, al comparar las tasas de crecimiento anual del número de plazas para maestros y del número de escuelas primarias.
Tasas de crecimiento anual;
a)      Número de plazas para maestros:
Antes de aplicarse el neoliberalismo en México, de  1950 a 1980 el número total de maestros de primaria en servicio (plazas) creció aceleradamente de 66,577 a 375,215 a tasas de 6.05 a 10.39 % anual. En cambio desde 1980 la tasa de crecimiento  anual ha caído
drásticamente hasta llegar a ser de 0.39 % en 2007. Además, si separamos las primarias oficiales de las particulares, en 2007, la tasa de plazas oficiales creció sólo 0.12 % y la de primarias particulares, 2.19 % (SEP. Estadísticas educativas, 2008).
b)   Número total de escuelas primarias:
 Su tasa de crecimiento disminuyó de 4.13 % anual, en el periodo 1970–1990, a 3.05 % en 1990–1995; y a 0.09 en 2007, siendo negativa para el número de primarias oficiales en 2006, pues de 92,913 escuelas que había en 2000, disminuyeron a
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90,628 en 2007 (Desaparecieron 2,285) agudizando el rezago que por sí había en el sistema educativo (Estadísticas educativas, SEP).
Lo anterior muestra también el deficiente desempeño de los gobiernos neoliberales y es la causa de la enorme cantidad de maestros desempleados, de la alta demanda de plazas y de la venta de las mismas.
2.      Respecto al gasto en educación.
En México se destina para educación el alrededor del 5 % del PIB. La UNESCO  recomienda un 8 % como mínimo. Además, casi no se invierte en infraestructura. En gasto por alumno, según las estadísticas de la OCDE, México ocupa el último lugar: 2,405 dólares, contra 7,527 de promedio, y muy lejos de los 12,788 en EU y 12,195 de Suiza (Universal, 09/09/08)
3.      Respecto a debilitar a los sindicatos.
El SNTE está controlado por el gobierno. Elba Ester Gordillo ha sido encarcelada porque sugirió al gobierno suprimir la palabra “permanencia” de la reforma educativa. El nuevo presidente del SNTE, Profr. Juan Díaz de la Torre ya fue cooptado por el gobierno.   La existencia de la CNTE significa tener dividido al sindicato; y existe la intención de pulverizarlo promoviendo la formación de sindicatos de maestros en cada estado, que para eso fue la llamada descentralización de la educación hecha por Zedillo.
4.      Respecto a la creación del instrumento de evaluación de la educación.
Por decreto presidencial, ante las presiones neoliberales, el presidente Fox, el 08/08/2002 creó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, inspirado en su similar de
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España, hasta con el mismo nombre. Se volvió a crear mediante el decreto reformatorio de Calderón el 16/05/2012, en ambos casos, al margen del Congreso. Ahora, con Peña Nieto, se vuelve a crear, ya con el aval del Congreso y de la Constitución. Este instituto no se necesita, no sólo por su ineficacia durante sus más de 10 años de existencia, sino porque el proceso educativo siempre ha sido evaluado. Los maestros al terminar la carrera con calificaciones aprobatorias, igual que todos los profesionales, presentan exámenes de recepción; por lo tanto, salen perfectamente evaluados. Al obtener una plaza de maestro, su desempeño es controlado, supervisado y evaluado por el Director de la escuela. El desempeño de las escuelas es  supervisado por los Inspectores y la información es concentrada en la propia SEP. Por lo tanto no se justifica la creación del INEE que sólo sirve para incrementar la burocracia con altísimos sueldos, al igual que en todos los organismos autónomos.
La calidad de la Educación
Si de verdad el gobierno quisiera mejorar la calidad de la educación, debería corregir las causas del bajo rendimiento educacional, que son precisamente sus  políticas neoliberales implementadas a partir de 1982 que han incrementado la pobreza y concentrado la riqueza en una minoría. No puede haber buena educación con alumnos, padres de familia y maestros desnutridos. Esta es la principal causa, por la cual, la calidad de la educación no mejora a pesar de tantos programas que han implementado, como los siguientes:
1.      El 18/05/1992 se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que dio origen a la supuesta descentralización de la educación hacia los estados, aunque la SEP siguió centralizando las decisiones principales.
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2.      El 13/06/1993 se promulgó la Ley General de Educación, que en su Capítulo VI se refiere a la creación de los Consejos de Participación Social, con  el objetivo de hacer participar a los padres de familia, quienes entre otras actividades “harán aportaciones que contribuyan a la formulación de contenidos locales… para los planes y programas de estudio”; “promoverán la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento” y “equipo básico a cada escuela pública”, con lo cual el gobierno se ha desentendido del mantenimiento material de las escuelas, endosándoselo a los maestros y a los padres de familia mediante las famosas cuotas dizque “voluntarias”, nulificando en la práctica la gratuidad de la educación pública.
3.      Otras acciones gubernamentales han sido desde entonces:
3.1.El Programa de Actualización Permanente     de   
      los  Maestros en   Servicio. 
              3.2       La Carrera Magisterial.
              3.3.     Reforma a los Libros de Texto Gratuito.
              3.4.     Reforma a los Programas y Planes de Estudio.
              3.5.      Reforma a la Educación Secundaria (RES  
                             o Enciclomedia)
              3.6.     Programas de Escuelas de Calidad.
3.7        Programa Nacional de Educación.
3.8        Pruebas ENLACE y EXCALE
3.9        Alianza para la Calidad de la Educación.
3.10            Evaluación universal.
3.11           Programa Nacional de Educación.
3.12           Y la actual Reforma Educativa de Peña Nieto.
Muchos de estos programas sólo han servido para hacer grandes negocios. Por ejemplo, el Enciclomedia, consistente
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en llevar el contenido de los libros al “pizarrón electrónico” mediante computadoras a los alumnos de 5º y 6º. Grados. Para ponerlo en marcha, en 2001 se otorgaron 14 contratos con duración de 5 años a 5 empresas particulares. A fines de 2007 se habían erogado 6,914 millones de pesos en 165,000 aulas para 3900 alumnos, en lugar de los 11,000 programados. Fue un fracaso, pues los niños de 6º. Grado que no participaron en dicho programa obtuvieron mejores resultados (1.78) que los que sí participaron (1.23) (Wikimedia), aunque fue muy bueno para los contratistas.  Por lo tanto la educación en México está bien evaluada y efectivamente es de baja calidad pero no por culpa de los maestros, sino por la mala situación económica del país, originada por las políticas neoliberales, que han incrementado la pobreza, la corrupción y el mal manejo del presupuesto, de privilegios para unos cuantos.
La reforma actual
En la actual reforma de Peña Nieto, no se señala ninguna medida concreta para mejorar realmente, la calidad de la educación. Destaca la Fracción III, del Art. 3º constitucional en la parte que dice: “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Esto está muy bien, pero en justicia deberían aplicarse estos exámenes de oposición a todos los aspirantes, no solamente a un puesto de trabajo, sino a un cargo como funcionario público, incluidos el Presidente de la República y sus funcionarios, cosa que no se hace, y por ello, todo el aparato gubernamental en los 30 años de Neoliberalismo ha resultado ineficiente y nefasto para el país, como está demostrado por los pésimos resultados a que lo han conducido.
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La misma Fracción III nueva termina: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y  la permanencia en el servicio profesional”, aunque “con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”. Lo de la evaluación obligatoria sólo es para justificar la existencia del INEE, pues ya vimos que los maestros han sido constantemente evaluados. Pero las palabras “permanencia en el servicio” violan el Art. 5º.que prescribe que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión … que le acomode” y significan una gran amenaza para la estabilidad en el empleo de los futuros maestros. Es un arma con la cual puede inventarse cualquier pretexto, aunque sea falso para deshacerse del servicio de un maestro. Por lo cual la lucha que han emprendido contra esta reforma es completamente legítima.
La Fracción IX, en su muy larga redacción, establece que “Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa”, que “la coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación” y que éste será un organismo público autónomo” al cual se le señalan  como funciones: “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”. Pero no explica con claridad cómo “garantizar  la prestación de servicios educativos de calidad” que no es lo mismo que evaluar dichos servicios. Esta evaluación siempre se ha venido haciendo por la propia Secretaría del Ramo, por la Unidad de Planeación y Evaluación, en base al Art. 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que dicho Instituto sale sobrando. Además como ya se dijo, este Instituto, que ya existe desde 2002 y vuelto a crear en 2012, sólo ha servido para aumentar la alta burocracia (No necesitamos un INEE de ese tamaño. Eduardo Andere), en
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lugar de destinar los recursos a reforzar la infraestructura educativa que deja mucho  qué desear y es también causa de la deficiente educación. Hay escuelas hechas de palos, tablas y cartón. Por lo tanto con la nueva reforma, el INEE debería desaparecer, lo que ahorraría buena parte de recursos presupuestales para dedicarlos a la infraestructura escolar.
En la reforma al Art. 73, sobre las atribuciones del Congreso, sólo se trata de hacer congruente la redacción de la Fracción XXV con lo establecido en el Art. 3º. Con la adición de la frase: “Para establecer el Servicio Profesional docente en  términos del Art. 3º, etc. Pero resulta que en el Art. 3º, según la nueva Fracción IX, se establece el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y no el Servicio Profesional docente.
Por otra parte, en el Art. Quinto Transitorio, se señala que “el Congreso de la Unión y las autoridades deberán prever: Fracción I. La creación de un sistema de Información y Gestión Educativa y que el INEGI hará un censo de escuelas, maestros y alumnos. Esto ya lo hace la SEP. (Ver en Internet Estadísticas Educativas y el Resumen del Sistema Educativo Nacional 2010-2011). Al parecer quien redactó esta iniciativa se basó en la película “De Panzaso” de Loret de Mola que no encontró esas estadísticas.
 Fracción III, inciso a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno … con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, … y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, … se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”, lo cual significa legalizar lo que ya se hace en casi todas las escuelas,  las famosas cuotas “voluntarias” que anulan en los hechos la gratuidad de la educación.

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No se toca en la reforma, aumentar el gasto en educación para satisfacer toda la demanda y acabar con el rezago educativo. El gasto por alumno de 2,284 dólares (Panorama Mundial de la Educación 2011) es el más bajo de la OCDE, cuyo promedio fue de 8,169 dólares. Además, el 97 % del gasto total en educación se va a salarios, sacrificando la infraestructura.
Tampoco se toma en cuenta el tamaño de los grupos, pues a menor número de alumnos, mejora la calidad de la educación. México ocupa el último lugar entre los países de la OCDE con promedios de 28.3 en primaria y 30.6 en secundaria, contra 16.7 y 13.4 de la OCDE.
Conclusiones:
     Ya sabemos, sin necesidad del INEE, que la educación es de mala calidad; por lo tanto, para mejorar realmente, la calidad de la educación, basta con que el gobierno federal se aboque a lo siguiente:
1.      Cambiar las actuales condiciones económicas del país, que han profundizado la desigualdad social  como nunca en los últimos 30 años, para que haya crecimiento, por lo menos al 7 % anual, como antes de 1982, empleos bien remunerados, paz social, etc., aplicando medidas que tiendan a la distribución del ingreso nacional con equidad, como las siguientes;
1.1.    Implementar un plan para restituir el 80 % del poder adquisitivo del salario mínimo, perdido desde 1982; Y después elevarlo hasta cumplir con lo que ordena la Constitución.
1.2.    Hacer grandes inversiones  en infraestructura escolar incluyendo construcción, instalaciones, equipamiento y mantenimiento de los planteles escolares;
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1.3.    Disminuir a la mitad el gasto corriente,   mediante un programa de austeridad, suprimiendo aparatos burocráticos inservibles, como el INEE,
1.4.     Suprimir gastos innecesarios como los más de 1000 millones de pesos en propaganda mediática, dizque para mejorar la imagen del presidente.
1.5.    Suprimir los enormes gastos que se utilizan dizque para combatir la delincuencia y el narcotráfico, cuyos resultados han sido negativos, precisamente porque obedecen a las mismas causas.
1.6.    Hacer un tabulador equitativo de categorías para los trabajadores del Estado en todo el país,  de manera que  los salarios más bajos  sean por lo menos de $ 12,000 mensuales, para que cumplan con lo establecido en el Art. 123 y poner    un    tope    máximo  de $ 80,000 mensuales  a    los   sueldos  de los    altos funcionarios públicos, incluyendo al Presidente de la República, gobernadores,
   senadores, diputados,  magistrados,   
   consejeros, etc.
2.      Cambiar de raíz nuestro sistema de gobierno. No tiene caso, simular que hay tres poderes, cuando en realidad hay uno solo. Establecer la democracia indirecta con un solo poder popular depositado en Asambleas de Representantes Estatales y una Asamblea Nacional. Suprimir el llamado poder legislativo formado por los  Congresos Estatales y de la Unión que sólo sirven para levantar la mano y aprobar todo lo que manda el Ejecutivo. Para la confección de las leyes debe crearse un organismo colegiado permanente formado por los jurisconsultos más destacados y especializados del país, quienes además se encargarían de convocar a foros públicos con intervención de todos los sectores interesados para discutir lo que se haya de legislar. De
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igual manera, todo el sistema de justicia debe controlarse por las Asambleas Populares y desaparecer la vetusta SCJN cuyas bases se remontan a la antigua Roma y hasta su vestimenta nos recuerda la edad media.
3.      De igual manera, no se justifica gastar tanto dinero en los procesos electorales, si no conducen al progreso del país, pues ganan los candidatos que gastan más dinero., aunque sean los más ineptos. Se propone que los representantes a las asambleas sean los más capaces que representen a las fuerzas productivas y que los ciudadanos que voten tengan títulos académicos y desempeñen una ocupación bien remunerada.
4.      Por lo tanto deben desaparecer el IFE  y el TEPJF que tanto daño han producido al país.
5.      Revisar y suprimir todos los demás organismos autónomos enormemente caros e ineficientes.
6.      Nacionalizar los bancos, pues no cumplen con su función para el desarrollo económico del país, pues sólo se han convertido en un factor para empobrecer a los cuentahabientes, con las cuantiosas  comisiones e intereses que cobran en los créditos al consumo. Anualmente tienen utilidades muy superiores a los incrementos al salario de los trabajadores.
7.      Legalizar el cultivo de mariguana y amapola y establecer un impuesto del 50 % a las ganancias de los narcotraficantes.
8.      Creación de suficientes plazas para maestros para atender toda la demanda educativa, formando grupos de 15 a 20 alumnos como máximo. Esto es básico para obtener buena calidad  de la educación.
9.      Proporcionar equipos de computación, por lo menos uno por salón y servicios de Internet para todas las escuelas, comenzando en las zonas urbanas.

CUADERNOS DE DIVULGACIÓN
Por el placer y el derecho de saber
No. 52
Por Arturo Flores Jiménez
LA REFORMA EDUCATIVA DE PEÑA NIETO
Chilpancingo, Gro. Marzo de 2013.
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10.  Hacer las grandes inversiones necesarias en infraestructura para la educación destinando al menos el 8 % del PIB  y elevar el gasto por alumno para equipararse con el promedio de 7,527 dólares que hacen los demás países de la OCDE.
11.  Realizar, periódicamente, por parte de la SEP, la  evaluación necesaria a todos los factores que intervienen en el proceso educativo, para aplicar las medidas correctivas, sin afectar derechos laborales del personal.
12.  En correspondencia con lo anterior, realizar con frecuencia cursos de actualización para los maestros.
13.  Aumentar los subsidios a las universidades y tecnológicos destinando partidas suficientes para ciencia y tecnología.
14.  Implementar un impuesto para la educación del 5 % a las utilidades anuales mayores de 10 millones de pesos.
15.  Implementar becas a todos los alumnos que las necesiten y que sobresalgan en el aprovechamiento escolar de manera que no se quede ningún alumno sin estudiar.
16.  Seleccionar a los alumnos más destacados para impulsarlos hacia su preparación en áreas de investigación científica mediante becas especiales.

FUENTES:
Ley General de Educación
Diario Oficial. 08/08/2002;  16/05/2012 y 26/02/2013
SEP. Estadísticas educativas.
SEP La Calidad de la Educación.
SEP. Resumen del Sistema Educativo 2010-2011
INEE Cifras básicas

Chilpancingo, Gro. Marzo de 2013.